Una de las medidas principales introducidas en esta ley es la limitación de precios de alquiler en áreas consideradas como «mercado tensionado». Esta regulación se aplicará tanto a propiedades de grandes tenedores como a las de pequeños propietarios, tanto para contratos existentes como para nuevos contratos.
Limites del Alquiler
Los límites de alquiler variarán según el perfil del propietario. En el caso de pequeños propietarios con al menos cinco inmuebles en un área tensionada, el límite se establecerá en base al contrato anterior, con bonificaciones adicionales para incentivar el arrendamiento de sus propiedades.
Para los grandes propietarios, se establecerá un índice de referencia que entrará en vigor el 1 de enero de 2025. Mientras tanto, se aplicarán límites del 2% en 2023 y del 3% en 2024 a todos los contratos existentes, independientemente del tamaño del propietario.
La ley también establece excepciones para el incremento de precios de alquiler en casos de rehabilitación de la vivienda, ahorro de energía primaria no renovable o contratos a largo plazo. Además, redefine la categoría de «gran tenedor» y otorga a las Comunidades Autónomas la responsabilidad de determinar las áreas consideradas «tensionadas».
Viviendas ocupadas, desalojos y desahucios
La nueva Ley prolonga los plazos para recuperar la propiedad de una vivienda en situaciones de ocupación, impago de alquiler o hipoteca. En algunos casos, este proceso puede extenderse hasta dos años, lo que proporciona mayores garantías para aquellos que ocupan ilegalmente un inmueble.
Además, no se admitirán demandas que busquen recuperar la posesión de una propiedad si no se especifica si el inmueble es la vivienda habitual del ocupante, si la parte demandada se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica y si no se demuestra que el demandante es un gran propietario.
En otras palabras, cualquier propietario que inicie un proceso judicial deberá indicar si el inmueble es la residencia habitual de la persona que lo ocupa, y presentar un certificado que demuestre si es o no un gran propietario.
Si el propietario es un particular y el ocupante ha convertido la propiedad en su vivienda habitual, el juez estará obligado a informar a los ocupantes demandados sobre la posibilidad de solicitar ayuda a los servicios sociales y comunicar la situación a las autoridades correspondientes para que certifiquen su condición de personas vulnerables.
En caso de considerarlo así, el procedimiento se suspenderá durante dos meses para personas físicas y cuatro meses para personas jurídicas.
En cuanto a los gastos, se permite que las partes acuerden quién asume los gastos generales y de gestión inmobiliaria, siendo los costos de formalización del contrato responsabilidad del arrendador.
La ley también establece procedimientos más largos para recuperar la propiedad en casos de ocupación o impago de alquiler o hipoteca, brindando mayores garantías a los ocupantes irregulares.
Impuesto a las Viviendas Desocupadas
Por otro lado, los ayuntamientos podrán imponer un recargo de hasta el 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los inmuebles residenciales desocupados permanentemente, y este recargo podrá llegar al 100% en casos de desocupación prolongada.
Viviendas de la SAREB
Finalmente, el presidente del Gobierno ha anunciado la movilización de alrededor de 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible dirigido a jóvenes y familias, con el objetivo de aumentar el parque público de viviendas del 3% al 30% en los próximos años.
Estos son los aspectos más relevantes de la nueva ley de viviendas en España, que pretende regular el mercado de alquiler y garantizar un acceso más justo a la vivienda en el país.